Las mujeres rurales y el territorio: las barreras en la lucha por la reivindicación de los derechos
A la hora de pensar en construcción de paz en los territorios colombianos es necesario escuchar las voces, sistemáticamente silenciadas, que ponen en evidencia nuevos retos para la consolidación de una paz integral. En este marco, la Comisión Colombiana de Juristas, la Embajada de Suecia y el Observatorio de regulación y restitución de derechos de la propiedad agraria de la Universidad del Rosario realizó el webinar Mujer Rural, Tierra y Territorio: Reflexiones desde la teoría y la práctica.
Este conversatorio contó con un diverso panel en el que participaron Lesa Daza, lideresa del Caribe; Patricia Carabalí, lideresa del norte del Cauca; Victoria Chavarro de Sisma Mujer; Nancy Sánchez, de las Mujeres tejedoras de vida del Putumayo; y finalmente, desde la academia, Laura Ocampo, Mónica Parada y Donny Meertens. A lo largo del conversatorio, las panelistas dialogaron sobre sus experiencias con el liderazgo de las mujeres alrededor del proceso de restitución de tierras, resaltando su papel fundamental y a la vez exponiendo las barreras a las que se han tenido que enfrentar. A la vez, se discutieron temas como las violencias diferenciadas que afectan la lucha de las mujeres por la tierra, además de la participación y representación de las mujeres en las políticas públicas agrarias.
El conflicto armado y la mujer rural colombiana
El conflicto armado en Colombia, como proceso histórico, ha sido causa de múltiples violaciones de derechos humanos y situaciones de victimización que han impactado de manera desproporcionada a las mujeres rurales en el país. Sumado a esto, a diferencia de los hombres, las mujeres históricamente han padecido desigualdades en el acceso a la tierra en calidad de propietarias o poseedoras ocupantes. De ahí, se producen condiciones de vulnerabilidad relacionadas con inseguridad económica y explotación, que se profundizan con el abandono estatal hacia el sector rural.
A pesar de el conjunto de violencias que sufren las mujeres rurales, que las desconocen como sujetas de derechos, estas mujeres han configurado relaciones estrechas de apropiación con el territorio que las han llevado a una acumulación de saberes en torno al cuidado y la producción de la tierra. A partir de lo anterior, sus los proyectos de vida se construyen alrededor del trabajo y la tenencia de la tierra. Con ello se hace evidente la necesidad fundamental de reivindicar el derecho de las mujeres de la tenencia de la tierra para hacer y seguir desarrollando sus proyectos.
Barreras de la lucha por la reivindicación del derecho a al tierra de las mujeres.
En la lucha por la reivindicación de sus derechos, las mujeres rurales en Colombia se han tenido que enfrentar a múltiples barreras que se imponen desde distintos ámbitos, como la familia, el mercado y el estado. Entre estas barreras, que amenazan los proyectos de vida autónomos de las mujeres en la ruralidad, se destacan: [1] la permanencia de relaciones de poder tradicionales e imaginarios patriarcales; [2] la falta de información sobre el sector rural en el país; y [3] la desarticulación institucional.
Así pues, pesar de que el estado ha hecho una aceptación pública del enfoque diferencial como principio orientador de políticas públicas, aún permanecen las relaciones de poder tradicionales en el campo basadas en la intersección de clase y género. Las formas de dominio violentas, sexuales y/o económicas (legales o ilegales) generan presiones en las mujeres que interfieren con el retorno a sus territorios. Además, los imaginarios y prácticas sociales que niegan el derecho y la capacidad de las mujeres de trabajar la tierra continúan operando, a tal punto que las lideresas han tenido que confrontar a sus compañeros que no permiten que sean las mujeres las que lideren este proceso.
Por otro lado, aún existen obstáculos en la disponibilidad y el acceso a la información sobre el sector rural para el diseño de políticas públicas. El trabajo de lideresas e investigadoras ha puesto en evidencia la invisibilización estadística de las mujeres en datos sobre la tenencia de la tierra, al igual que su baja participación en las mesas de concertación y discusión sobre las políticas agrarias y los planes de desarrollo. Tales condiciones se perpetúan con los diseños de las políticas agrarias bajo los cuales la participación de las mujeres en el acceso y uso de los recursos, su autonomía, depende de las configuraciones familiares y colectivas (en el caso de grupos étnicos).
Finalmente, el enfoque diferencial como principio orientador de políticas públicas, se ha convertido en un enunciado retórico más que práctico, Las entidades del sector agrario aún no se han puesto de acuerdo en lo que significa este enfoque y menos en cómo implementarlo. Estas dificultades se han manifestado en una total desarticulación entre la oferta institucional del sector agrario. De modo que, el enfoque de género se pierde en la implementación de estas políticas debido a [1] una falta de acciones afirmativas de priorizar a la mujer, [2] la carencia de cifras de resultados o seguimiento de estas mujeres, y [3] un apoyo institucional débil y descoordinado.
El enfoque de género en la política agraria
El enfoque de género en el programa de Restitución de Tierras, consignado en la ley 1448 de 2011, implica la restauración de la dignidad de las mujeres a través de artículos específicos (Art. 114-117) los cuales representan un avance y han permitido que las mujeres se organicen, creen redes de apoyo y gestionen liderazgos alrededor de la restitución de tierras. Asimismo, el Acuerdo de Paz contiene alrededor de 122 medidas para eliminar las desigualdades históricas que han padecido las mujeres.
No obstante, aunque dichos avances son importantes, y representan actos de justicia y reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en el sector rural, no son suficientes. Los enfoques de género en las políticas agrarias deberían, además de restaurar la dignidad humana de las mujeres, encaminarse a superar las condiciones de desigualdad y discriminación que históricamente han padecido, incluso antes de los hechos de violencia en el marco del conflicto armado. Más aún, las sentencias deben acercarse a un enfoque más integral que visibilice las violencia específicas, reconozca las particularidades étnicas y territoriales, y materialice las garantías para el retorno a sus tierras.
Además, a pesar de los avances normativos en el 2018, con el Decreto 902 de 2017 (que incluye medidas diferenciales a favor de las mujeres) y la estructura organizativa de los PDET, que vinculan a las mujeres de manera participativa, desde el 2019 se ha visto una desaceleración a nivel nacional y territorial en el que las desarticulación entre políticas e instituciones dificultan el acceso a las políticas públicas del sector agrario.
Así, a modo de conclusión, para solucionar las desigualdades históricas de genero a través de la política pública, es necesario materializar el enfoque de género que se consigna en la legislación. Esto, teniendo en cuenta acciones afirmativas que incluyan las voces de las mujeres rurales en Colombia y den garantías para la exigencia de sus derechos. Finalmente, es necesario reiterar la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión para, desde los territorios, integrar sus iniciativas y su visión sobre el acceso y el goce de la tierra.
