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Vivir bajo sospecha : Informe sobre violencia hacia personas LGBT en el conflicto armado colombiano

El pasado miércoles 16 de agosto se llevó a cabo un foro público acerca de las personas LGTB que han sido víctimas en el marco del conflicto armado, donde se desarrollaron problemáticas enfocadas a la violencia basadas en el prejuicio contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género, según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia se han registrado 1818 víctimas LGTB durante el conflicto armado,una cifra preocupante para las autoridades, la sociedad civil; es así, como en este marco, se desarrolló este foro, y cuyo panel estuvo integrado por personas expertas en temas de paz y género, quienes a lo largo de la actividad debatieron y argumentaron acerca de ésta cuestión y sobre los resultados de la investigación que previamente se realizó.


Teniendo en cuenta estos resultados, se hicieron 10 recomendaciones para que se adopten medidas de reparación con enfoque diferencial y transformador a favor de las personas LGTB víctimas del conflicto armado en Colombia y las cuales fueron el punto de partida y la base principal para la discusión.


Las diez recomendaciones fueron las siguientes:


  1. Reconocimiento de la autodeterminación y de la identidad de género de las víctimas

  2. Ampliación de plazo para ingresar al registro de víctimas LGTB.

  3. Garantías de acceso a la justicia que incluya investigaciones rigurosas y eficientes, así como también judicializaciones y sanciones a responsables de la violencia por prejuicio.

  4. Reparación integral que posibilite transformar las condiciones del contexto que permitieron la ocurrencia de los hechos violentos en contra de personas LGTB.

  5. Medidas para la memoria como forma de satisfacción y garantía de no repetición, en las cuales se visibilice la violencia por prejuicio hacia la población LGTB.

  6. Atención integral en salud y rehabilitación como medida de reparación individual que se articule con los programas de prevención y atención del VIH, prestando atención especial a las necesidades de las personas trans.

  7. Medidas educativas como garantía de no repetición con el fin de que la oferta amplia en educación, formación para el trabajo y emprendimiento, permita a las personas LGTB víctimas superar los altos niveles de vulnerabilidad.

  8. Medidas de seguridad como garantía de no repetición que integre un componente de prevención de la estigmatización y discriminación.

  9. Política pública como garantía de no repetición y reconciliación con la cual se garantice a las personas LGTB el goce efectivo y pleno de sus derechos, y que contenga un componente pedagógico y comunicativo dirigido a la sociedad en general.

  10. Capacitación a servidores públicos como garantía de no repetición con el objeto de que se implemente un enfoque diferencial para la población LGTB en las distintas estrategias y actividades de la función pública.


En torno a estas recomendaciones uno de los expertos resaltó la importancia de la diferenciación de los conceptos referentes al tema, puesto que existen conceptos clave que los ciudadanos o incluso hasta instituciones públicas suelen desconocer o confundir, de este modo, se expuso que el ”sexo” se refiere a las características biológicas que diferencian al hombre y la mujer, y que el “género” hace referencia al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas. Por otro lado, si se entiende que el género se construye socialmente, resulta pertinente hacer la distinción entre sexo asignado al nacer e identidad de género; el sexo asignado al nacer tiene como punto de partida componentes biológicos, es decir, resultados de un análisis corporal, genital, hormonal o genético de cada individuo, en cambio, la identidad de género hace referencia a la manera como cada persona se identifica individualmente con lo masculino o lo femenino ,aún siendo distinto del sexo asignado al nacer.


Esta diferenciación de categorías pueden resultar útiles para fines prácticos como evidenciar situaciones de violencia y discriminación en las cuales algunas personas son afectadas en su integridad, como consecuencia de las construcciones de género, o por su orientación sexual, en este sentido, el experto afirmó que es fundamental tener en cuenta la manera como algunas personas se autoidentifican, más allá de sus prácticas sexuales o vínculos afectivos, ya que esto puede generar un entendimiento real a las situaciones o circunstancias en las que las personas se encuentren inmersas.


La comunidad LGTB ha vivido bajo constante sospecha, a parte de ser víctimas del conflicto, lo fueron también por una discriminación producto de la construcción de normas sociales asociadas al cuerpo y la sexualidad, esa imposición de un orden moral único fue la que de algún modo permitió a los grupos armados justificar sus crímenes y agresiones hacia personas LGTB, por este motivo en el foro se mostró la evolución que ha tenido la visión social, jurídica y política de los derechos de las personas LGTB, donde se tuvo en cuenta que en los contextos ajenos al conflicto también se evidencia la exclusión. Así pues, el Estado como garante de derechos, tiene una gran responsabilidad con ésta comunidad, debe garantizar la protección de sus derechos humanos, fortalecer la cobertura institucional en las zonas rurales e indagar sobre hechos invisibilizados para evitar abordajes inconclusos.


En definitiva, los expertos concluyeron que existe la necesidad de un trabajo continuo, profesional y especializado en materia de esclarecimiento de hechos violentos, se debe reconstruir los hechos, entender el contexto en el que sucedieron, identificar presuntos responsables y prestar especial atención a los intereses y necesidades de las víctimas para mejorar su calidad de vida y poder al fin superar esos contextos de vulnerabilidad y discriminación, por lo que, a partir de las recomendaciones presentadas, se espera lograr una reparación verdaderamente transformadora y que éste estudio de caso expuesto en este evento sea un insumo que pueda contribuir al trabajo investigativo y judicial sobre las causas de los hechos cometidos contra esta población.


Consultar el informe:


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